Cambiemos nuestra forma de hacer infraestructura con normas más flexibles
Agilizar grandes proyectos de infraestructura de transporte, como las Líneas 3 y 4 del Metro de Lima, requiere optar por modelos de contratación más flexibles como los acuerdos Gobierno a Gobierno, escribe Carlos Ugaz, exdirector ejecutivo de la Autoridad del Tren Eléctrico de Lima y Callao.
Es necesario rehacer los marcos legales e institucionales para acelerar la ejecución de importantes proyectos de infraestructura, como las pendientes líneas 3 y 4 del Metro de Lima. Si no hacemos el esfuerzo, seguiremos rezagándonos y perdiendo competitividad frente a países vecinos, en perjuicio de todos los peruanos.
La Línea 2 del Metro de Lima y Callao se licitó y adjudicó vía Asociación Público Privada (APP) en el 2014. Es el proyecto de infraestructura más grande del país, con un costo total de inversión de alrededor de US$5,800 millones; tiene 35 km de extensión, lo que da un valor referencial de US$165 millones por kilómetro. Entre 2014 y 2019, Chile licitó, construyó y puso en operación comercial dos líneas de metro 100% subterráneas: la Línea 6, con un costo por kilómetro de US$83 millones y la Línea 3, con un costo por kilómetro de US$79 millones. Por su parte, Ecuador licitó y construyó entre 2016 y 2019 la Línea 1, también 100% subterránea con un costo por kilómetro de US$91 millones.
¿Por qué Chile y Ecuador sí son capaces de desarrollar sus proyectos de infraestructura en poco tiempo y a menor costo? El principal problema es que los marcos legales de contratación de obra pública en Perú no funcionan. La Ley de Contrataciones del Estado es poco flexible, no colaborativa, excesivamente formalista y burocrática. Suscritos los contratos, la gestión es crítica por la rigidez normativa que no permite llegar acuerdos entre la entidad y el contratista, generando paralizaciones y, por lo tanto, incumplimiento de los plazos contractuales.
El único modelo que hoy está avanzando exitosamente son los Acuerdos de Gobierno a Gobierno (G2G). Su éxito radica en que permiten a las entidades peruanas contar con Oficinas de Control de Proyectos (PMO, por sus siglas en inglés) y realizar todos los procesos de selección, procura y supervisión bajo normas de contratación internacionales, que generan confianza y predictibilidad.
Las líneas 3 y 4 tenían previsto ser adjudicadas por medio de G2G, sin embargo; el gobierno del presidente Francisco Sagasti suspendió los procesos, dejando la decisión al siguiente gobierno, tras preocupaciones levantadas por el Consejo Fiscal sobre el costo de los proyectos. Hasta ahora el gobierno actual no se ha pronunciado al respecto.
Fuente : Semana Economica
